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Coups de cœur Cultura
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Si una sola persona asistida por inteligencia artificial puede ejecutar el trabajo que hasta ayer realizaban cientos o miles de personas, ¿qué ocurre con la estructura económica, jurídica y moral sobre la que se construyó la modernidad? La pregunta no es meramente técnica ni se agota en las habituales discusiones sobre productividad y desempleo. Es una pregunta de naturaleza civilizatoria, porque la modernidad —su derecho, su filosofía política, su arquitectura institucional— se edificó sobre un supuesto implícito que nadie se molestó en cuestionar: que la generación de riqueza requería la participación masiva de seres humanos y que esa participación generaba, a su vez, un tejido de derechos, obligaciones y vínculos recíprocos.
Todo el edificio del Estado moderno descansa en ese supuesto. Los impuestos se recaudan mayoritariamente a través de las rentas del trabajo y del consumo que esas rentas hacen posible. Los sistemas de seguridad social se financian con cotizaciones que presuponen la existencia de trabajadores empleados formalmente. El derecho laboral existe porque hay trabajadores a los que proteger. La idea misma de ciudadanía económica —la noción de que participar en la producción confiere dignidad y derechos— pierde sentido si la producción puede realizarse sin ciudadanos. No se trata, por tanto, de un ajuste cuantitativo dentro de un modelo que permanece intacto; se trata de una mutación cualitativa que puede erosionar los cimientos del modelo mismo.